La Crisis sanitaria que vivimos y sentimos en tiempos de pandemia nos ponen ante un impase histórico en el que la defensa del derecho a la salud y el cuidado de la vida requieren del rol protagónico de un Estado garante de derechos.   

Las prácticas que han caracterizado a los diferentes gobiernos, desde hace décadas en nuestro país, han sido la expresión de una visión centrada en el individualismo y de políticas reduccionistas hiperfocalizadas, con graves problemas de acceso para la mayor parte de la población. 

La deuda histórica con el derecho a la salud, y las condiciones de enfermedad, de mortalidad y de mortalidad evitable que en tiempos de pandemia de COVID se recrudecieron, han visibilizado y evidenciado las carencias que se vienen arrastrando desde hace décadas, y nos obligan a centrar nuestros esfuerzos, como sociedad y como Estado, en las condiciones necesarias para garantizar la salud de todas y todos.

Desde las organizaciones sociales firmantes entendemos que, en nuestro compromiso con los derechos humanos, urge trabajar conjuntamente en un proceso colectivo para aportar a la construcción de un sistema de salud público, universal, único, gratuito, integral, de calidad con activa participación ciudadana y sostenido con recursos públicos basados en criterios de justicia tributaria.

Desde la Campaña por el Derecho a la Salud entendemos que, en el proceso de reformas del Estado, que incorpora cambios en el sistema de salud, se debe contemplar, indefectiblemente un proceso de apertura a la participación ciudadana protagónica, e incluir los siguientes aspectos:

• La creación de una mesa de participación social que, promovida desde el Ministerio de Salud, habilite a un diálogo abierto y transparente con la sociedad organizada para la construcción del Sistema Público Universal de Salud al que tenemos derecho. 
• Concebir la Salud como un derecho humano, inherente a la persona y, como tal, protegido y promovido para todas las personas sin distinción alguna. 
• Entender la salud como un proceso histórico y un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo como la ausencia de enfermedades.
• Reconocer que el Estado está obligado a proteger la salud como un derecho de toda la población, sin ningún tipo de sesgo y/o discriminación.
• Generar las condiciones para alcanzar la universalidad de la atención en salud, que se refiere tanto a la cobertura total de la población como a la cobertura total de servicios. Brindando servicios sanitarios a todas las personas, independientemente de cualquier característica particular.
• Cumplir con el principio de gratuidad en todo el Sistema público de salud. Los costos no deben ser un determinante de exclusión o diferenciación poblacional. 
• Garantizar el Sostenimiento del sistema sanitario, con una inversión pública de al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB), tal como lo establece la OPS/OMS para los países en la estrategia para la salud universal. 
• Promover la justicia tributaria, generando condiciones para que el Estado obtenga recursos fiscales, que impidan la mercantilización de la salud y la equidad en el acceso por parte de la población.
• El sistema de salud debe ser integral, ya que, la concepción de la persona debe ser en su totalidad, por lo tanto, se requieren de respuestas globales a sus necesidades, desde las más simples hasta las más complejas. 
• Es necesario asumir que la calidad y calidez deben constituirse en una guía de atención en los servicios de salud. Los cuidados y consideraciones deben tener base científica, y ser adecuados a las necesidades de las personas y las comunidades, así como también el trato en los servicios de salud, tiene que responder a la empatía, la sensibilidad y el respeto.  
• Un sistema que dignifique a los/as trabajadores/as de la salud, que garantice sus derechos laborales, y que extreme las condiciones en su cuidado cuando deben responder a emergencias como la pandemia COVID-19.
• Es estratégico incluir el Modelo de Atención Integral (MAI), ya que es un modelo base de todo sistema de salud que pretenda ser integral y universal. El MAI comprende una combinación de enfoques conceptuales (de derecho, género, interculturalidad y determinación social) y estrategias de acción (promocional, preventiva, curativa y de rehabilitación), en los diversos espacios de la vida social (individual, familiar, laboral, de territorio social) y momentos del ciclo vital de las personas (nacimiento, infancia, juventud, adultez, edad madura, muerte)
• Urge fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la Salud contemplando un modelo de atención integral y una actuación multidisciplinaria, que responda según necesidades de cada territorio social, ya que, además de ser puerta de entrada, debe ser el eje vertebrador del sistema de salud.
• Se tienen que crear las condiciones para implementar todos los anteriores atributos, gratuidad, universalidad, integralidad, calidad y calidez en un Sistema Único de Salud (SUS), que garantice el derecho a la salud a todas las personas, sin discriminación de ningún tipo.

En estos tiempos difíciles que nos tocan vivir y sentir, debemos colocar en el centro del debate público, la necesidad del pleno goce de los Derechos Humanos y particularmente de la vida y la salud de forma integral. Que las crisis y emergencias padecidas, sean el motor de los cambios profundos y necesarios que requiere nuestro país. Si algo se ha evidenciado en estos tiempos, es que necesitamos fortalecer un Estado presente y garantista, ya que, sólo lo público, que es de todas y todos, nos iguala en dignidad y derechos.